“¿Y esas pastillas, qué?”
Cuando las mujeres acuden a solicitar atención médica a los hospitales porque tienen malestares ginecológicos, en el área de urgencias el personal médico las hostiga y las somete a un interrogatorio antes de brindarles la atención que requieren.
“Tienes que hablar con la verdad porque estás perdiendo mucha sangre, y si dices que tienes alguna otra cosa te podríamos hacer un mal procedimiento y hasta podrías perder la vida”
Independientemente de lo que las mujeres digan, el hospital da aviso a la Fiscalía. En la ruta de atención, es el área de trabajo social la que tiene que hacerlo, pero el primer contacto que las mujeres tienen, además de la asistente médica, es con una enfermera o un médico de urgencias.
“Lo que hizo fue un atentado, puso su vida en riesgo por el medicamento que ingirió. Tendré que dar parte a la Fiscalía”
Se le da vista al ministerio público, que inicia una carpeta de investigación en contra de las mujeres, sin informarles. Cuando están siendo atendidas, personal de la Fiscalía continúa el interrogatorio sobre el embarazo, lo que ingirieron y por qué están internadas.
“¿Qué tomaste? ¿Cuántas semanas tenías? ¿Tu pareja estuvo de acuerdo? ¿Cómo conseguiste las pastillas? ¿Tienes más hijos?”
Personal de la Fiscalía toma nota de sus respuestas, pide que pongan su nombre en una hoja y les toma una fotografía, sin solicitarles autorización. No les explica sus derechos ni les informa que pueden negarse a declarar. Tampoco les explica el motivo o los alcances que puede tener ese procedimiento.
Mientras están internadas, se encuentran retenidas. En algunas ocasiones, se les podría dar de alta médicamente, pero el hospital no lo hace porque la Fiscalía no lo ha ordenado. Al preguntar cuándo se les dará de alta, les responden que por su situación penal no se pueden ir, hasta que la Fiscalía lo indique.
“Estoy sangrando, necesito que me atiendan y me dicen que puedo estar detenida de por vida’’
En los casos en que las mujeres han solicitado el apoyo al 911 para que les envíen una ambulancia, les preguntan qué fue lo que pasó. Cuando ellas comentan que están teniendo un sangrado, les dicen que el apoyo va para allá, pero a su casa llega una patrulla antes que la ambulancia. Los policías las interrogan y las intimidan porque les dicen que lo que les está sucediendo se relaciona con un delito.
“Aquí no, vete a otro hospital”
Cuando las mujeres llegan con un proceso de aborto incompleto, se les estigmatiza y castiga. Este castigo se traduce en negación del servicio. Se les dice que no pueden atenderlas, por lo que, para recibir la atención que requieren, han tenido que acudir a varios hospitales: Hospital General de Zona No. 3 del IMSS, Unidad de Medicina Familiar No. 11 del IMSS, Hospital General Tercer Milenio y Hospital de la Mujer.
“¿Y esas pastillas, qué?”
Cuando las mujeres acuden a solicitar atención médica a los hospitales porque tienen malestares ginecológicos, en el área de urgencias el personal médico las hostiga y las somete a un interrogatorio antes de brindarles la atención que requieren.
“Tienes que hablar con la verdad porque estás perdiendo mucha sangre, y si dices que tienes alguna otra cosa te podríamos hacer un mal procedimiento y hasta podrías perder la vida”
Independientemente de lo que las mujeres digan, el hospital da aviso a la Fiscalía. En la ruta de atención, es el área de trabajo social la que tiene que hacerlo, pero el primer contacto que las mujeres tienen, además de la asistente médica, es con una enfermera o un médico de urgencias.
“Lo que hizo fue un atentado, puso su vida en riesgo por el medicamento que ingirió. Tendré que dar parte a la Fiscalía”
Se le da vista al ministerio público, que inicia una carpeta de investigación en contra de las mujeres, sin informarles. Cuando están siendo atendidas, personal de la Fiscalía continúa el interrogatorio sobre el embarazo, lo que ingirieron y por qué están internadas.
“¿Qué tomaste? ¿Cuántas semanas tenías? ¿Tu pareja estuvo de acuerdo? ¿Cómo conseguiste las pastillas? ¿Tienes más hijos?”
Personal de la Fiscalía toma nota de sus respuestas, pide que pongan su nombre en una hoja y les toma una fotografía, sin solicitarles autorización. No les explica sus derechos ni les informa que pueden negarse a declarar. Tampoco les explica el motivo o los alcances que puede tener ese procedimiento.
Mientras están internadas, se encuentran retenidas. En algunas ocasiones, se les podría dar de alta médicamente, pero el hospital no lo hace porque la Fiscalía no lo ha ordenado. Al preguntar cuándo se les dará de alta, les responden que por su situación penal no se pueden ir, hasta que la Fiscalía lo indique.
“Estoy sangrando, necesito que me atiendan y me dicen que puedo estar detenida de por vida’’
En los casos en que las mujeres han solicitado el apoyo al 911 para que les envíen una ambulancia, les preguntan qué fue lo que pasó. Cuando ellas comentan que están teniendo un sangrado, les dicen que el apoyo va para allá, pero a su casa llega una patrulla antes que la ambulancia. Los policías las interrogan y las intimidan porque les dicen que lo que les está sucediendo se relaciona con un delito.
“Aquí no, vete a otro hospital”
Cuando las mujeres llegan con un proceso de aborto incompleto, se les estigmatiza y castiga. Este castigo se traduce en negación del servicio. Se les dice que no pueden atenderlas, por lo que, para recibir la atención que requieren, han tenido que acudir a varios hospitales: Hospital General de Zona No. 3 del IMSS, Unidad de Medicina Familiar No. 11 del IMSS, Hospital General Tercer Milenio y Hospital de la Mujer.