Aguascalientes es el caldo de cultivo perfecto para criminalizar a quienes abortan, debido a las redes de complicidad entre el Congreso, la Fiscalía, los gobiernos y los grupos conservadores que intentan imponer una visión que prioriza una supuesta obligación de las mujeres a ser madres sobre su salud y derechos humanos.

Por GIRE y Tania Magallanes

“¿Y esas pastillas, qué?”, le cuestionó a Eugenia la médica que la atendió en el área de urgencias del Hospital General de Zona No. 3 del IMSS, a donde Eugenia acudió después de que una ginecóloga particular le indicara que tenía un aborto espontáneo en evolución y era necesario hacerle un legrado. Eugenia no entendió cuando la médica le preguntó por las pastillas que había ingerido, mientras le pedía que se recostara para comenzar con la revisión, sin explicarle cuál sería el procedimiento médico que le realizaría. Horas después de su llegada al hospital, Eugenia fue trasladada al quirófano para realizarle el legrado, ahí ya se encontraban dos agentes del ministerio público y dos abogadas defensoras de oficio, pues el hospital había dado aviso del caso a la Fiscalía General del Estado. Ante el asedio de los agentes, Eugenia terminó por contarles que un mes antes había intentado abortar.

Una vez que el legrado concluyó, el personal de salud le indicó que no la darían de alta hasta que el Ministerio Público determinara su situación legal, pero sin ninguna otra información que abundara al respecto, lo que le generó más incertidumbre y miedo, además de que no cesó la violencia verbal y la criminalización dirigida hacia ella. Por la mañana, una trabajadora social del hospital se acercó a Eugenia para contarle su propia historia de vida como madre soltera, con la intención de culpabilizarla y hacerle ver la “gravedad” de lo que había hecho. Cuando por fin la dieron de alta, Eugenia no recibió ninguna información sobre su incapacidad médica, así que tuvo que regresar al día siguiente para tramitarla y surtir la receta. Una vez fuera del hospital, se enteró de que el personal de salud interrogó a su pareja, razón por la que una de las abogadas de oficio le pidió que ya no diera más información, pues ahora la Fiscalía lo buscaba a él para que le “otorgara el perdón” por el aborto.

Eugenia fue citada a comparecer en el Centro de Justicia para las Mujeres para que se definiera el destino de los restos del producto y, como no acudió, recibió otro citatorio ahora en calidad de imputada, por lo que tuvo que presentar un escrito señalando que ella no contaba con los recursos para dar destino final a los restos y que los ponía a disposición del Ministerio Público.

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Entre abril y julio de 2021, GIRE conoció varios casos de mujeres criminalizadas y denunciadas por aborto en Aguascalientes. Además de la cantidad de casos en un periodo muy corto, fue alarmante el patrón de atención por parte del personal de salud y de la Fiscalía General del Estado. En todos ellos, los hospitales dieron aviso a la Fiscalía en cuanto las mujeres solicitaron atención médica, además de que se les coaccionó para que declararan que se habían provocado un aborto con la ingesta de pastillas. Asimismo, cuando el personal de la Fiscalía llegó a los hospitales, interrogó a las mujeres, les tomó fotografías y les hizo firmar su declaración sin explicarles los alcances de ese procedimiento. Todas fueron tratadas como criminales y durante su estancia en los hospitales no se les dio la información completa sobre su situación jurídica.

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Guadalupe llegó acompañada por sus padres al área de urgencias del Hospital de la Mujer. Después de una revisión, les informaron que no presentaba desprendimiento de placenta, así que esperaban que ambos, tanto Guadalupe como el producto, se salvaran. Mientras, el personal médico interrogó a la madre de Guadalupe sobre si su hija había ingerido algo para abortar. Entre juicios y señalamientos en su contra, el personal de salud le informó que daría parte a la Fiscalía General del Estado para proceder judicialmente contra su hija, por lo que le pidieron firmar un documento que decía que estaba enterada de que el caso pasaría a la Fiscalía, pero no le dieron copia ni más información al respecto.

Al día siguiente, trabajadores de la salud y elementos del ministerio público acudieron al cuarto donde se encontraba Guadalupe. Sin presentarse ni exponerle el motivo de su visita, comenzaron el asedio con muchas preguntas sobre su embarazo y si había ingerido algo. Ante la presión, ella respondió a todos los cuestionamientos. Los elementos tomaron nota de las respuestas, le hicieron firmar una hoja de declaración y le tomaron una fotografía. Nunca le solicitaron su autorización para tomar su declaración ni para fotografiarla, no le explicaron sus derechos ni le informaron que podía negarse a declarar, tampoco le explicaron el motivo o alcances de esa diligencia. Pese a ser menor de edad, no solicitaron la presencia de alguno de sus familiares y nadie se presentó como su abogado defensor, priorizaron esta actuación ante la salud de la paciente, pues nunca le dieron informes sobre su estado y a su familia sólo le daban datos contradictorios.

Guadalupe fue dada de alta. Ese mismo día, personal de la Fiscalía hizo que su madre firmara un documento donde se constaba que a partir de ese momento ella quedaba como responsable tanto de ella como del producto, además de solicitarle que llevara a Guadalupe a un psicólogo. Al día siguiente, la madre tuvo que acudir para sacar una nueva cita, cuando el personal ubicó el caso, comenzaron a tratarla de forma agresiva, la regañaron por no haber llevado con ella a Guadalupe y la hostigaron con cuestionamientos sobre su paradero.

Contexto sociopolítico

Según cifras del reporte de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Aguascalientes, entre abril y agosto de 2021 se han abierto 11 carpetas de investigación por el delito de aborto. La información oficial destaca que en abril se abrió la primera carpeta de investigación; en mayo tres; en junio dos, en julio cuatro y en agosto una carpeta más. Es notorio el aumento de las cifras, pues de acuerdo con el mismo Secretariado, en 2020 hubo un total de 5 carpetas de investigación por aborto, y del año 2015 al cierre del primer trimestre de 2019, sumaron 26.

Pero estas son sólo las cifras oficiales. La idea de que las mujeres están obligadas a ser madres está en la sociedad de Aguascalientes y, por lo tanto, en todas las instituciones y poderes del Estado, lo que implica que se perpetúen roles sociales y estigmas que abonan a la violación de sus derechos y a la criminalización social y judicial de las mujeres que toman decisiones sobre su vida reproductiva. A pesar de que las discusiones en torno a la despenalización del aborto son cada vez más frecuentes, la defensa del derecho a decidir no incide todavía en el grueso de la población.

Aunado a esto, el propio Estado mantiene un discurso con sesgos morales y políticos, cargado de omisiones y de actos que obstaculizan el acceso al derecho a la salud. Un ejemplo de esto es la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una consulta ciudadana para despenalizar el aborto, mencionada en la conferencia mañanera del 31 de diciembre de 2020 como respuesta a la legalización del aborto en Argentina.

En Aguascalientes, el actual gobernador panista, Martín Orozco Sandoval, durante su campaña electoral para la gubernatura en 2016, firmó compromisos con organizaciones ultraconservadoras “provida” y “profamilia” contra la legalización del aborto y el matrimonio igualitario. También se pronunció por “defender la vida desde la concepción”. Orozco Sandoval mantiene una cercanía pública con líderes religiosos católicos y, durante su administración han sido nulas las políticas públicas contra la violencia intrafamiliar y el embarazo adolescente, casos en los que Aguascalientes ocupa los primeros lugares en el ámbito nacional, junto con el delito de violación sexual.

Así, en 2020, el grupo parlamentario del PAN, siguiendo los mandatos del Frente Nacional por la Familia, presentó una iniciativa que otorgaba personalidad jurídica al embrión, lo que reforzó la penalización del aborto y con esto la criminalización de las mujeres.

La Fiscalía General del Estado es la encargada de seleccionar a la titular del Centro de Justicia para las Mujeres, así como de asignarle recursos, ya que el centro no cuenta con autonomía económica ni de toma de decisiones. Actualmente el Centro evade su responsabilidad de atender el grave problema de violencia que padecen las mujeres en el estado, al no brindar los apoyos mínimos necesarios para proporcionar un servicio integral a quienes han sido víctimas de delitos relacionados con la violencia, y promover prácticas de falsos empoderamientos que no contribuyen a resolver el problema de raíz. El Centro de Justicia, además, impulsa los servicios de VIFAC, una asociación civil contra el aborto que busca que las mujeres lleven sus embarazos a término, incluso aquellas que han sido víctimas de violencia sexual, en lugar de brindarles información sobre la NOM-046 y, con ello, sobre su derecho a elegir interrumpir voluntariamente el embarazo o continuarlo.

Estas acciones tienen relación con la criminalización de las mujeres por abortar, porque el contexto institucional de Aguascalientes muestra que no existen programas en favor de una vida libre de violencia para las mujeres más que en los títulos y encabezados de los programas gubernamentales, estatal y municipales, que priorizan su agenda partidista y política y no las acciones que erradiquen la violencia, los estereotipos y estigmas que penden sobre los cuerpos de las mujeres. La LXIV Legislatura de Aguascalientes no sólo se opuso a la despenalización del aborto, sino que se dio a la tarea de aprobar iniciativas como la de la “protección de la vida desde la concepción”, que le da personalidad jurídica al embrión, o las actas de gestación, documentos legales que certifican la vida y personalidad del embrión; además de que el Frente Nacional por la Familia se ha reunido con autoridades de la Secretaría de Salud del estado para manifestarse en contra de la venta de misoprostol en farmacias, haciendo patente su presión para frenar el aborto.

La violencia contra las mujeres en las instancias de salud estatales es una constante. En julio de 2019, una menor de edad solicitó la interrupción del embarazo bajo el amparo de la NOM-046, sin embargo, le fue negado el servicio, según el titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) en ese momento, por no contar con personal no objetor de conciencia. Debido a esto, la madre de la menor acudió a la asociación civil Morras Help Morras para solicitar asesoría y de inmediato presentó un amparo contra el Instituto de Salud para que buscara un médico no objetor de conciencia para que, en apego a la NOM-046, se le brindara el servicio de interrupción del embarazo a la menor. No obstante, pasaron los días y el ISSEA no respondió, por lo que las activistas, en colaboración con GIRE, trasladaron a la menor a un lugar en donde se le garantizara el servicio de salud que requería. El personal de salud que había atendido por primera vez a la menor, le dijo que el procedimiento era peligroso haciendo énfasis en que los riesgos por abortar eran mayores que por parir. Además, le aseguraron que después del proceso iba a escuchar a su bebé llorar o que su bebé iba a hablarle en sueños, lo que vulneró a la joven en su derecho a la salud, constituyó actos de tortura en su contra y la revictimizó, como definió el Juez, quién también ordenó, junto con la SCJN, que se identificaran médicos no objetores de conciencia para garantizar la no repetición de estos actos violatorios de derechos humanos.

El hospital

El Hospital de la Mujer es el centro designado para atender las solicitudes de atención en apego a la NOM-046, pues está obligado a garantizar el servicio de interrupción del embarazo en casos de violación sexual y de acuerdo con las causales establecidas en el artículo 103 del código penal del estado, al ser la institución encargada de brindar atención médico-quirúrgica en ginecología y obstetricia, aunque la Ley Nacional de Víctimas en el artículo 30 y 35 señala que las instituciones de salud públicas, sean federales, estatales o municipales, están obligadas a ofrecer el servicio de interrupción del embarazo a las víctimas, en los casos permitidos por la ley. Sin embargo, son constantes los señalamientos contra el Hospital de la Mujer respecto a que la atención que ofrece a las pacientes es deficiente, discriminatoria y violenta.

Son múltiples las acusaciones y testimonios sobre los maltratos y la criminalización de las mujeres que acuden a este hospital. En 2019, el Hospital de la Mujer recibió tres solicitudes de interrupción del embarazo en apego a la NOM-046, es decir, tres víctimas de violación solicitaron su derecho en dicho hospital, pero les fue negado. El director general de ese momento señaló que el personal médico del hospital brindó atención “psicológica a la víctima, a fin de destacar la importancia de la maternidad y las consecuencias a la salud de la interrupción del embarazo”, indicativo de la imposición hacia las mujeres de ser madres y la estigmatización del aborto, sin que se priorice el derecho a la salud, como se observa en el siguiente caso, que criminaliza también socialmente a las mujeres:

En octubre de 2018, una joven de 19 años tuvo un aborto espontáneo en los baños de un centro comercial de la capital de Aguascalientes. Se encontraba en su lugar de trabajo cuando comenzó a sentirse mal, por lo que pidió permiso para ir al baño de la plaza, ahí arrojó el producto de la gestación. Después regresó a su trabajo para pedir permiso de irse a su casa, pero el sangrado y el malestar la obligaron a sentarse en las escalinatas del centro comercial, donde fue abordada por policías municipales que, al percatarse de lo que sucedía, solicitaron los servicios médicos y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado. Elementos de la Dirección General de Investigación Pericial llegaron antes que la ambulancia para realizar las investigaciones correspondientes y recabar evidencias, asediándola con preguntas a pesar de que ella insistía en que no sabía que estaba embarazada.

Mientras esto ocurría, medios locales de nota roja se dieron cita en el lugar para realizar transmisiones en vivo por Facebook, las cuales revictimizaron a la joven, la colocaron en una situación vulnerable, sin verificar la información y con un discurso discriminatorio y violento que el público replicó en cientos de comentarios en la red social. Los videos y las fotos se reprodujeron miles de veces, lo que permitió incluso la identificación de la joven, quien fue altamente expuesta.

El Congreso

En 2020 el Congreso del Estado aprobó el PIN Parental obstaculizando la erradicación de la violencia de género y la garantía de los derechos humanos. Se opuso a los derechos de las mujeres y las infancias con esta aprobación que impedía a niños, niñas y adolescentes el acceso a la educación sexual en los programas educativos de primaria y secundaria impartidos en las escuelas públicas estatales. Fue pública la relación de los diputados y diputadas del PAN, PRI, PES y del partido Verde Ecologista con el Consejo de Laicos y el Frente Nacional por la Familia, grupos conservadores que inciden en la esfera política local.

En mayo de 2018, en la Legislatura LXIII, el PES presentó la iniciativa de reforma a los artículos 2° y 4° constitucionales para reconocer el derecho de toda persona a que se respete su vida desde el momento de la fecundación y hasta la muerte natural, así como añadir que la protección legal que se otorga a los niños deberá ser sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, edad, o discapacidades físicas o mentales. La siguiente legislatura dio seguimiento a esta iniciativa con la modificación de defender “la vida desde su inicio en la fecundación y hasta la culminación en la muerte natural, como presupuesto primordial que sustenta los demás derechos”. Este nuevo documento para “reconocer la vida desde la concepción” tuvo como base investigaciones de muchos años atrás, así como notas, artículos de opinión y lecturas a modo cuyo discurso era provida, conservador y no científico ni laico.

En septiembre de 2019, la diputada presidenta por el partido Verde Ecologista de la Comisión de Derechos Humanos, Karina Banda, promovió la reforma a la objeción de conciencia y la protección de la mujer en caso de que recurriera a la interrupción de un embarazo producto de una violación, con un discurso estigmatizante y fuera de los linderos científicos, y sugirió que la única opción que tienen las mujeres ante un embarazo no deseado es llevarlo a término y buscar la adopción. Resultado de esto estableció la Ley para la Maternidad Vulnerable y la Crianza que consiste en obligar a las menores que han sido víctimas de violencia sexual a continuar con el embarazo: “Tiene que haber acompañamiento para que vaya fomentando y cristalizando su embarazo, en estos casos casi el 95 por ciento evita la adopción”; sin embargo, de 2016 a 2019 se registraron en el estado apenas 40 adopciones legales.

En noviembre de 2019 se presentó la iniciativa para la despenalización del aborto, sin promover el tema ni dentro ni fuera del Congreso, sólo de manera mediática para cubrir la agenda partidista de Morena, pero sin intenciones contundentes.

En octubre de 2020, el Instituto Estatal Electoral (IEE) evadió su obligación de privilegiar el principio propersona y la progresividad de los derechos al dejar pasar la iniciativa ciudadana “a favor de la vida, la familia y las libertades” que impulsó el Frente Nacional por la Familia. Luis Fernando Landeros, consejero presidente del IEE, y tres consejeros más, votaron a favor de la iniciativa, justificando que no les tocaba definir si el tema de la consulta ciudadana era o no contra los derechos humanos, que sólo les competía revisar los requisitos formales, por lo que confiaban en que el Congreso atendería en caso de que se atentara contra la dignidad de las mujeres. Dada esta decisión, el Congreso de Aguascalientes, de mayoría panista, el primero nombrado “de la paridad” por tener más mujeres diputadas, aprobó la iniciativa de reforma, después de simular mesas de debate y discusiones respecto al tema del aborto.

En marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial la reforma a la Constitución de Aguascalientes que da carácter de persona al cigoto, al incluir en el artículo 2° la frase “toda persona desde su concepción hasta su muerte natural”, lo que criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, atenta contra su derecho a la salud y violenta el libre desarrollo de la personalidad.

El impacto de las colectivas

Pero las mujeres de las asociaciones civiles de Aguascalientes no se quedaron sentadas: mientras que en marzo la CNDH promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 2°, en abril, Cultivando Género, Morras Help Morras, Terfu, Mujer Entrópica, entre otras organizaciones, junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad contra la reforma al artículo 2°, que da identidad jurídica al producto desde la concepción, misma que se encuentra en trámite. Hasta ahora, el Frente Nacional por la Familia insiste en defender la reforma “provida” de cualquier intento por modificar la ley.

Aguascalientes se encuentra en los primeros lugares del país con focos rojos en violencia doméstica, violaciones sexuales y embarazos adolescentes. Sin voluntad política y sin políticas públicas al respecto, la criminalización de las mujeres obstaculiza el ejercicio de la autonomía en su cuerpo y en su vida, además de negarles el derecho a la salud sexual y reproductiva. Frente a esto, las mujeres organizadas en sus colectivas reconocen y atienden casos de criminalización en este contexto social, médico y judicial.

La colectiva Morras Help Morras advierte ciertas características respecto a los casos que GIRE acompaña: al criminalizar el derecho a decidir también se criminaliza la pobreza porque estas mujeres son de las periferias, empobrecidas, que difícilmente podrían defenderse y que son leídas como vulnerables, por lo tanto, no sujetas de derechos para el personal médico, pues no es lo mismo que llegue a una institución de salud pública una mujer de clase media-alta, blanca, una universitaria que sepa de sus derechos y se defienda ante un aborto o una emergencia obstétrica, a que llegue una mujer morena, precarizada que el personal médico da por hecho que no se va a defender y, por lo mismo, la pueden vulnerar.

De acuerdo con las integrantes de Morras, el trato que les dieron a estas mujeres no sólo es violatorio de sus derechos humanos, sino que al priorizar la judicialización y no la atención médica, es decir, llamar primero al ministerio público, interrogarlas y vulnerarlas, violan su derecho a la salud y a un trato digno, e incurren en tortura, pues estadísticamente las complicaciones en un aborto no son por el aborto mismo, sino por el retardo en la atención por los prejuicios que existen alrededor de un aborto. Muchas veces tienen a las mujeres y personas gestantes sin atención, a la espera del ministerio público, y esto complica y agrava la situación.

Cultivando Género, otra de las colectivas que brindan acompañamiento legal en Aguascalientes, considera que en el estado se incurre en tres tipos de criminalización a quienes abortan: primero, la que es por parte del Estado al prohibirles el acceso a sus derechos; segundo, la criminalización social con la reproducción de fotos en los medios de comunicación, sobre todo de nota roja, que dan a conocer información que vulnera y revictimiza; y, por último, la ciudadana, que permite las violencias y la criminalización hacia las mujeres.

AborterAgs, colectiva que da acompañamiento a mujeres y personas gestantes que deciden realizarse un aborto seguro en casa, considera que en Aguascalientes es difícil que los casos de aborto lleguen a una denuncia formal ante el clima de estigma y criminalización social, sobre todo en las familias y en las parejas. Integrantes de esta colectiva narran que derivaron a una joven a un centro de salud porque había sido violada y quería acceder a la NOM-046 para tener un aborto con acompañamiento médico. El primer contacto del centro de salud la llevó al Hospital de la Mujer, donde la obligaron a denunciar como requisito para acceder a su derecho, a pesar de que la NOM-046 señala que no es obligatorio presentar denuncia. Luego, accedieron a darle el medicamento para abortar, sin embargo, en el hospital siguieron el protocolo de manera errónea y la mandaron a su casa, pidiéndole que regresara al día siguiente para hacerle un ultrasonido. La joven no expulsó el producto, pero frente a lo que había vivido en el hospital, decidió regresar con la colectiva, quien le dio el medicamento de manera adecuada, y la acompañó y cuidó durante todo el proceso.

Las colectivas que acompañan los abortos seguros en casa han señalado que lo hacen porque ni la prohibición ni la criminalización del aborto impide que las mujeres interrumpan su embarazo. Las marchas, las manifestaciones, los posicionamientos contra el Estado y el llamado a más mujeres a unirse a esta causa son para que se deje de prohibir a las mujeres que tomen decisiones de forma autónoma, para que dejen de ser penalizadas y no se les impida el acceso a servicios de salud que están establecidos en la ley. Estas mujeres organizadas saben también que garantizar el derecho a la salud, así como los derechos reproductivos, alejará un poco más a las mujeres de la violencia.

Fallo histórico: aliento feminista

En este contexto, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia que refleja la lucha histórica del movimiento feminista por el aborto legal, seguro y gratuito. Durante los días 6 y 7 de septiembre, el Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 148/2017 sobre el aborto en el código penal del estado de Coahuila. Con un fallo histórico, por unanimidad, las y los ministros establecieron que no es constitucional sancionar a quienes deciden interrumpir su embarazo.

Con esta sentencia, las y los juzgadores, tanto locales como federales, tienen la obligación de aplicar los argumentos expuestos por la Corte en esta decisión para resolver los casos de los que conozcan, y tanto legisladoras como legisladores de las entidades donde aún se restringe y castiga el ejercicio del derecho a decidir cuentan con criterios avalados por el máximo tribunal para despenalizar el aborto consentido. Este fallo de la Corte es la punta de lanza para frenar de manera real y efectiva la criminalización de las mujeres y personas gestantes que interrumpen su embarazo.

Ante un estado como Aguascalientes, que discrimina, violenta, revictimiza y criminaliza a quienes abortan, la despenalización del aborto se abre camino gracias a las mujeres y colectivas feministas que acompañan, respaldan y defienden a otras en su derecho a decidir. Aguascalientes es un foco rojo, pero quienes trabajan a favor de la libertad y los derechos humanos siguen en pie de lucha hasta lograr que en todo el país las mujeres y personas gestantes cuenten con las condiciones y la libertad para determinar su destino reproductivo.•